El Estado Federado de Andalucía

Afirmaba recientemente el actual presidente del Gobierno andaluz, el socialista José Antonio Griñán, que apostaba por una “España federal”, y lo hacía al tiempo que asociaba a esa definición política conceptos tales como la igualdad y el respeto a la diversidad. Añadía además que "Andalucía tiene el mismo derecho que Cataluña, País Vasco o Galicia a tener identidad y autogobierno propios". Lo triste de estas palabras es que las exprese quien lo hace, porque demuestra desconocer la historia política del territorio que se le ha confiado gobernar.
Lo primero que habría que decirle al presidente Griñán es que Andalucía no es que tenga “el mismo derecho” que otros “a tener identidad”, por que Andalucía tiene identidad, y si algún problema identitario tenemos es que nos desborda, es que nuestra identidad es tan radical y afianzada, que nos sobrepasa, hasta el punto que aquello que se considera “identidad española” no es otra cosa que caricaturización de la “identidad andaluza”.
Lo segundo es que, cuando afirma que tiene “el mismo derecho” que otros a tener “autogobierno propio”, desconoce en buen medida cual es la historia política de Andalucía, y el problema no es que lo desconozca él -que ya es grave ostentando el cargo de presidente- si no que también se ha hurtado desde hace más de treinta años (y los caurenta anteriores) a los escolares andaluces a conocerla.
Es por eso que ahora, cuando se habla de “federalismo” hay que poner sobre la mesa la “realidad nacional” andaluza de la que habla nuestro Estatuto de Autonomía (ese al que votaron favorablemente el PSOE-A, IUCA y PP-A pero que ni se han leído).

Fue en 1869 cuando los catalanes pusieron en marcha el llamado Pacto Republicano de Tortosa, y ese mismo año los andaluces firman el Pacto Federal de Córdoba, que agrupaba a las actuales provincias andaluzas, más la baja Extremadura y Murcia... sí, 1869, los andaluces piden federalismo, los andaluces asumen como parte de Andalucía las dos regiones próximas (por cierto, tal como ya se recogía en las Capitulaciones de Santa Fe que eran territorio de administración andalusí aunque de soberanía castellana).
A esta iniciativa andaluza le siguió la de los vascos, firmada en Eibar, y luego la de los gallegos, suscrita en La Coruña, y más tarde la de los castellanos en Valladolid... sí, primero Cataluña, luego Andalucía, luego Vascongadas, y luego Castilla, en 1869.
Así las cosas, el 30 de julio de 1869, se ratifica en Madrid el “Pacto Confederal de los Pueblos de España”, en un solemne acto presidido por el cordobés (así de importante era la presencia andaluza en el evento) León Merino, y en el que Ricardo López representaba a Andalucía, Pi i Margall lo hacía con País Vaco-Navarro, Manuel Bes por Cataluña, Eduardo Cano por Galicia y Miguel Morayta por Castilla.
Estoy convencido de que Griñán no tiene ni idea de todo esto, y de que los que tiene al lado y en frente tampoco. Andalucía fue la avanzada del federalismo, y siempre estuvo en pie de igualdad con otros territorios (pueblos, naciones, nacionalidades...) del Estado español, y eso volvió a ocurrir en la II República, donde el golpe de estado fascista nos dejó a las puertas de tener un estatuto como el vasco o el catalán, lo que también le ocurrió a gallegos y castellanos.
A pesar de los generales Pavía y Ripoll, las ansias de libertad de los andaluces no se paran, y en pie igualdad con el resto de pueblos peninsulares, la Asamblea Republicana se reune en Zaragoza y prepara una Constitución Confederal Española, en la que se recoge lo aprobado en Antequera en 1883 como “Constitución Federal de los Cantones Regionados Andaluces”, y que presenta Carlos Saornil, diputado por Álora.
En esa Constitución Andaluza se dice que “Andalucía es soberana y autónoma (…) y no recibe su poder de ninguna autoridad exterior”, y ya en otro orden de cosas, se afirma “la independencia civil y social de la mujer”, o que lo altos cargos del Ejército sean elegidos por los subordinados de modo democrático.
Cuando ahora hablan de federalismo, cuando unos y otros se atribuyen la paternidad de la idea, hay que recordarles esto, que hacer de España un estado federal no es algo nuevo, y que en ese proyecto siempre han estado los mismos, catalanes, vascos, gallegos, castellanos y andaluces.
Un estado federal no es ni más ni menos igualitario que un estado autonómico como el actual, ni es garantía de más competencias, ni tampoco de un mayor respeto a la identidad de los pueblos que lo componen.
A los andaluces, treinta años de autonomía no nos ha servido para dejar de ser los últimos de España y por tanto los últimos de Europa, y llamarnos Comunidad Autónoma de Andalucía o Estado Federado de Andalucía no cambiará las cosas, pero no por eso debemos renunciar a nuestro autogobierno, por mucho que los politiquillos crean que eso es un invento de la etapa predemocrática.
Hemos tenido -y tenemos- malos gestores, dispuestos siempre a sacrificar a Andalucía en su propio beneficio, y para eso se han ido ocupando de que nos desnaturalicemos, que nuestra identidad se diluya, que se pierda la conciencia andaluza haciendo desaparecer la historia de las escuelas. Así, sólo somos un territorio que administrar, nada más, lo llamen región, comunidad o estado, un ente abstracto, no un sujeto de derecho.
Los andaluces no podemos renunciar a nuestra autonomía, pero mucho menos podemos dejarnos guiar como borregos al matadero por quien agite una bandera verdiblanca con más arte, como si fuera el volante de un traje de faralaes.

¿Y esto quién lo paga?

Los afectados por las consecuencias de la gota fría que ha destrozado varios municipios del levante de Almería, en realidad somos todos, porque todos las vamos a pagar.
Carreteras que reconstruir, puentes que volver a echar, conducciones de agua, de luz, de telefonía... jardines, aceras, mobiliario urbano... edificios públicos... pero también la movilización de legionarios, los agentes de la Guardia Civil, los del 112, los sanitarios, el 061, las policías locales, las grúas, los camiones, los helicópteros, los autobuses... ¿esto quién lo paga?
No hablo de las vidas humanas, no tienen precio. Tampoco de los bienes privados, que por duro que sea decirlo, son problema de cada cual.
O no.
Los muertos seguirían vivos si la riada no se produce o no tiene la fuerza vista, y lo mismo con las casas y coches particulares, que seguirían en perfecto estado.
Pero tampoco sabemos quién pagará la mala imagen de Andalucía y Almería en Europa, donde un día le tiramos el chalet a una familia que lo construyó teniendo licencia municipal, otro día dejamos abandonado un hotel ya edificado con todos los permisos legales, y a otro permitimos hacer pueblos enteros en la desembocadura ramblas.
También hay coste de imagen turística que no se va a solventar con campañas publicitarias, porque un noticiario vende más que un anuncio de periódico, porque las noticias vuelan por internet, con sus fotos, con sus vídeos, con los comentarios de los protagonistas, y al final Almería y Andalucía son lugares en los que no es serio invertir.
Y tampoco es serio ayudarnos económicamente. Ahí lo tienen, 60 millones de euros para una desaladora en Palomares que ni tan siquiera ha llegado a funcionar, un dinero que en un altísimo porcentaje era procedente de la Unión Europea, y que los firmantes del cheque estarán ojipláticos preguntándose cómo alguien pudo tener la idea de hacerla donde estaba.
Con los 26 millones de euros del Consorcio de Seguros se pagará una pequeña parte de los daños materiales privados, y eso sin entrar en los daños a la agricultura -cifra similar según las primeras estimaciones- que deberían estar también asegurados, pero lo demás ¿quién lo paga?

"Toca" responsabilidades

Dice la delegada del Gobierno en Almería, Sonia Ferrer, que "no toca" entrar en responsabilidades tras la catástrofe sufrida en el Levante por la gota fría el pasado viernes. Dice que "toca" responder a las necesidades más urgentes, y que ya habrá tiempo de buscar quienes son los "responsables".
Pues no. Toca ahora, también ahora, a la vez que se limpia el lodo de las calles, a la vez que se desembarran coches, a la vez que la gente tramita los papeles del seguro, a la vez que se llora a los muertos. Toca ahora.
El problema es que la responsabilidad es al cien por cien del Gobierno de la Junta de Andalucía más por omisión que por acción, o si se quiere, es su responsabilidad por inacción.
Es la Junta de Andalucía quien tiene las competencias en materia de ordenación del territorio, es el Gobierno andaluz quien da el visto bueno definitivo a los planes de ordenación urbana que determinan dónde se puede construir y dónde no, a qué se destina el suelo en cada zona, que edificabilidad se le da... es también su responsabilidad si hay que proteger un zona o si hay que dejar de protegerla.
Son los distintos gobiernos andaluces los que han ido permitiendo que se construya en zonas inundables, zonas que los propios informes encargados por esta administración calificaban de muy peligrosos. Han sido esos gobiernos los que han mirado para otro lado cuando los ayuntamientos han desarrollado urbanísticamente lugares inundables, y aun teniendo potestad para impedirlo no lo han hecho.
Pero es también responsabilidad de la Junta de Andalucía mantener los cauces de las ramblas limpios, para que en caso de avenidas el agua fluya sin problemas, pero están sucios, muy sucios, y además con excusas tan peregrinas como el estudio de la fauna y flora de los mismos.
Y es responsabilidad de la Junta de Andalucía la inmensa mayoría de las infraestructuras que se ha llevado por delante la riada, y que por tanto han sido construidas en lugares inadecuados y de manera inadecuada.
Dos ejemplos curiosos son los siguientes: la Junta permite el desarrollo urbanístico de Almerimar en zona inundable, incluso junto a lagos y lagunas en la que las urbanizaciones no están separadas de los mismos ni tres metros, pero por el contrario paraliza una construcción en lo alto de Roquetas de Mar porque estaba en la Sierra de Gádor (no recuerdo como acabó aquel tema, pero no viene al caso tampoco), es la misma administración que lleva a los tribunales a la familia Pryor y su casa acaba derribada por estar en suelo no urbanizable pese a tener licencia municipal, y que no mueve un dedo ante el crecimiento poblacional desmesurado de Pueblo Laguna.
La responsabilidad por la pérdida de vidas humanas y los daños materiales es muy elevada, pero hasta tanto no se exijan de un modo efectivo, corremos el riesgo de que estas cosas se reproduzcan, porque al final... nunca pasa nada.