Sentencias y dimisiones

El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, se lanzó al cuello del PP tras conocerse la sentencia que condena a uno de sus alcaldes por prevaricación. Y la verdad es que, pudiendo quedarse en reconocer el gesto de quien tras conocerse la decisión judicial dimite de su puesto de diputado provincial, y luego -como oponente político que es- pasar a cuestionar que siga de alcalde, o que el presidente de la Diputación le diera dedicación exclusiva cuando ya estaba condenado.

Sánchez Teruel prefirió hablar de problemas judiciales en Roquetas, El Ejido, Canjáyar, Garrucha y Fines... sin aportar más datos que sus propias sospechas. Desconocemos si tiene o no datos, pero darlos no los dio.

Lo que sí nos hacen recordar esas palabras es que el PSOE llevó imputados en sus listas electorales a pesar de decir que no lo haría (Huércal Overa por ejemplo), y que indultó a un alcalde (Carboneras) condenado por delito electoral para que pudiera presentarse nuevamente a las elecciones... y luego recibió otras dos condenas.

Pero también recordamos casos como el empecinamiento contra el alcalde de Gádor y senador, Eugenio Gonzálvez, que según los socialistas debía presentar su dimisión tras ser imputado provisionalmente por una querella que ellos mismos le pusieron. Que luego esa querella no prosperara y todo quedara en nada (bueno sí, en una pesadilla para el protagonista y su familia) no ha servido para repensar las cosas.

Se supone que lo razonable sería dejar en manos de la responsabilidad de cada político qué hacer cuando se es denunciado, imputado o condenado en sentencia recurrible, pero como vemos, cada uno es cada uno, y que en los partidos no todos son tratados igual,y que tampoco todos las personas reaccionan igual.

¿Qué habría pasado si Gonzálvez deja su puesto de senador y alcalde por la imputación provisional y luego se archiva el caso? E incluso la pregunta puede llegar hasta el final, es decir, aceptemos la posibilidad de apertura de juicio... ¿debe dimitir entonces? ¿y si luego es absuelto, cómo se arregla? ¿y si es condenado en primera instancia y absuelto en sentencia firme?

En el caso de Rueda igual. Como en el alcalde de Sorbas, o el de Zurgena, que están sometidos a juicio, no dimitió en aquel momento, y ahora está condenado pero la sentencia es recurrible. ¿Y si finalmente es encontrado no culpable?
El alcalde de Sorbas ha sido declarado inocente en un juicio contencioso-administrativo pero la sentencia ha sido recurrida por la Junta de Andalucía; a la vez hay otro proceso por el mismo asunto en la vía penal y ya se ha sentado en el banquillo como acusado. ¿Qué debería hacer? 

Vemos también que Rueda ha dimitido de diputado provincial, pero no de alcalde que es el puesto desde el que cometió el delito, pero al haber dejado el PP, éste no puede obligarle a hacerlo. La pregunta en este caso es si debía dimitir de los dos... o de ninguno puesto que ha recurrido. Pero para evitar malos pensamientos hay que añadir que Somontín es un municipio pequeño, muy pequeño, y que el alcalde cobra una pensión del Ejército, por lo que permanecer en el cargo en ningún caso puede atribuirse a una cuestión crematística. Más bien cree que si lo deja todo puede dar la impresión de que se reconoce culpable, y como el PP le obliga a dejar los cargos públicos, abandona la Diputación y el partido para seguir de alcalde. 

Otra cosa son los gastos judiciales, que tampoco está nada claro como deben asumirse.

En Gádor, Gonzálvez asumió el coste de su defensa de modo personal, pero tras ser archivado el sumario, pasó los gastos al Ayuntamiento, quien a su vez los reclamó judicialmente a los firmantes de la demanda (desconozco la situación actual de este trámite).

El alcalde de Sorbas, José Fernández, pidió en nombre del Ayuntamiento un abogado de oficio.

Hay ayuntamientos con abogados en plantilla, otros que contratan despachos externos con frecuencia, y otros, como decíamos, que tienen que acudir a la justicia gratuita que el ministro Gallardón quiere eliminar.
De alguna manera esto debería ser regulado legalmente y no dejarlo al arbitrio del afectado, igual que pasa con los gastos judiciales. Tal vez debiera depender del tipo de delito, o tal vez no.