Rosmari Cano y Elena Cortes: Esas dos grandes hermanas

Aún no se ha hecho ni de día 
y María ya baldea su patio con alegría, 
tararea al barrer una de Lole y Manuel 
pero su voz suena tan quebrá... 
suena a ganas de llorar 
Marea

Lo más escandaloso de las ordenanzas aprobadas por el Ayuntamiento de Mojácar no es que se considere que la Policía Local debe interrumpir una partida de dominó por considerar ruidosa la colocación de las fichas sobre la mesa, como tampoco lo más alarmante del decretazo de la Junta de Andalucía sobre el uso social de la vivienda es que llegue a hablar de expropiación.

No hace falta rebuscar mucho en las ordenanzas y en el decreto, para que aflore el auténtico peligro que suponen las firmas de la alcaldesa del PP Rosamaría Cano, y de la consejera de IU, Elena Cortes. Su afán por meterse en nuestras casas es lo más indignante de todo. Indignante y probablemente ilegal.

El Ayuntamiento no puede prohibirte patinar en tu propia casa, y no puede prohibirte poner la música a un volumen inhumano, y no puede prohibirte mover muebles, y no puede prohibirte taconear... sencillamente porque es tu casa. Serán los vecinos quienes puedan avisar a la autoridad si el nivel se convierte en un riesgo para la convivencia, pero da igual si el exceso sonoro se produce por gritos, bailes y percusión... un ayuntamiento no puede prohibirte nada de eso. 

No puede prohibirlo entre otras razones porque no tiene autoridad para meterse en tu casa ver qué estas haciendo. ¿O sí?

Habría sido mucho más sencillo prohibir un nivel determinado de decibelios al exterior... eso sí, lo produzca lo que lo produzca, porque el Ayuntamiento se tiene que quedar fuera de nuestras casas. ¿Será lo siguiente prohibir que asemos sardinas porque apestan al vecindario? ¿será prohibir fumar en nuestra terraza porque le llega al vecino? ¿será obligarnos a usar vasos de plástico para evitar que se rompan contra el suelo? ¿será tener sexo matinal o siestero con las ventanas abiertas por si te oyen en la calle?

Pero como el afán por meterse en nuestras vidas está muy extendido, basta echar un vistazo al infumable decreto que regula la función social de la vivienda que ha promovido la consejera de IU Elena Cortes. A ella también le gusta meterse en nuestras vidas, y no lo digo por la expropiación, que también, pero ya se ha hablado mucho sobre ese asunto.

Resulta que a partir de ahora, la Junta de Andalucía nos va a espiar a todos. La Junta va a controlar -artículo 26- si recibimos correspondencia o no en nuestro domicilio, qué tipo de correspondencia y con qué periodicidad, si pagamos y cuanto de luz, agua y gas, incluso podrán interrogar a nuestros vecinos sobre nuestros usos y costumbres sobre la vivienda, y además, si nos negamos a este control se considerará un "indicio de no habitación".

Esto es sencilla y llanamente un asalto a nuestra intimidad, que además se complementa con la obligatoriedad de presentar ante la administración todos los datos e informes que nos reclamen, e incluso establecen que las compañías suministradoras (la luz, agua, telefonía...) deberán dar la información que les pida la Junta sin informarnos.

Es muy grave que nos pidan esta transparencia la consejera que desprecia la veracidad de lo que publica el BOJA, la consejera que retira de la web el listado de viviendas vacías propiedad de EPSA... la consejera que ha estado cobrando de un banco y firmando desahucios hasta hace cuatro días... la consejera de un grupo parlamentario en el que "tocan" a más de dos inmuebles por diputado...

A mi es esto lo que me parece realmente peligroso del decreto, porque con la excusa de ayudar (en realidad el decreto del PP en el Congreso es mejor para las familias, pero ese es otro tema) al 2,5% de los posibles afectados por desahucios, con la excusa de ayudar a 200 familias en toda Andalucía, nos asaltan en nuestra intimidad.