El descontrol y el sincontrol

Los tribunales están teniendo trabajo con los políticos almerienses, si bien con unos más que con otros, pero para ponernos exquisitos no vamos a entrar en siglas, si no en el fondo de la cuestión, que no es otra que el descontrol que hay en las administraciones con la gestión del dinero público.
No se trata ya de que los políticos gasten mejor o peor lo que nos sacan bajo amenaza (eso son los impuestos, por mucho que en las notificaciones ponga "pago en periodo voluntario" ¿voluntario? ¿pero quién paga voluntariamente?) si no de que no respetan ni tan siquiera las mínimas normas de las que se ha dotado a la administración.
Vemos el caso de los 300.000 euros desaparecidos de una cuenta de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Resulta que se descubre que dos años después de ser cesado, Clemente García seguía teniendo firma en dicha cuenta ¡dos años después! Pero no acaba ahí lo curioso, es que su sucesora, Sonia Rodríguez afirma que desconocía incluso la existencia de la misma. No puede ser. Deben tratarse de dos bromas ¿no?
Pues no. No son bromas. Además, si nos atenemos al titular que sostiene el compañero Iván Gómez, "se busca" al titular de la cuenta asociada a la anterior, que era en la que se depositaban unos intereses de alrededor de 500 euros mensuales. ¿Cómo que se busca? ¿En serio que la Junta no sabe quién abrió esa cuenta, ni quién es su titular? Debe ser otra broma ¿no? Pues no.
Dice el consejero Luis Planas que el asunto se descubrió al unificar Agricultura y Pesca con Medio Ambiente, y que ahí apareció esta cuenta -la primera- y detectaron reembolsos extraños. O sea, si no llega a haber unificación no se enteran de nada, por lo que la pregunta es cuantas cuentas más habrá a lo largo y ancho de nuestra patria andaluza sin control.
Imputado el "martinista" Clemente García por lo ya mencionado, vayamos a la Diputación, donde el imputado es el "martinista" exvicepresidente Luis Pérez por el caso de las facturas presuntamente fraudulentas del Patronato de Turismo. 
Ya no se trata de una acusación política, es un fiscal quien ve delitos malversación y prevaricación entre otros. Aquí cabe preguntarse por la utilidad de los interventores, porque pese a los reparos que puso el de la Diputación, las facturas se pagaron. 
Lo que está claro en el caso de las facturas, que los servicios facturados no se corresponden con los realmente prestados. También que se contrataron "de aquella manera" ya que hubo que pagarlos mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito -vía de la que se queja el interventor- por no haber consignación para ello ni estar acreditada la prestación del servicio -también de esto se queja el interventor, y tampoco se hace caso- pero ahora nos enteramos de que hay más.
Sí. Nos enteramos de que el exgerente Paco Iglesias, dice que informó de ello al actual vicepresidente Javier A. García en una reunión, pero éste reconoce la reunión pero niega que lo denunciado ante la Fiscalía tenga que ver con lo que le contó.
Si creemos a Iglesias, la pregunta es por qué no impidió como gerente que eso ocurriera, cómo es que no lo denunció por vía administrativa e incluso judicial... o sencillamente por qué no se fue a su casa antes de correr el riesgo de acabar imputado (como ha pasado). O puede que -como luego ha dicho- no supiera nada... lo que tampoco se entiende estando en el cargo en que estaba ¿puede el gerente no enterarse de quien va o no a un viaje de "su" Patronato, ni cuando paga por estancias o aviones?
No resulta creíble nada de eso, pero es que si escuchamos atentamente la respuesta de García a Iglesias, dice que la conversación que tuvieron se refirió a "comidas" que aparecerían atribuidas a él, pero en las que él no había estado. Vaya por dios, tenemos otro escándalo en ciernes. El exgerente del Patronato de Turismo informó al vicepresidente de la Diputación de falsedades documentales... porque si en algún papel aparece que él estuvo en una comida que no estuvo, eso es una falsedad documental.
Es más, los 45.000 euros iniciales de las facturas, van, según la Fiscalía, ya por 60.000 euros.
Es evidente que los controles en la administración pública son muy escasos y fácilmente vulnerables. Y es que una cosa es que un político decida gastar más o menos en algo que para unos es supérfluo y para otros no, o decida gastar en aeropuertos sin aviones, o en subvenciones para tal o cual... que pueden ser criterios políticos, y otra muy distinta eludir los controles legales.

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