Un problema de diarrea




Tras conocer que quien fuera alcalde de Zurgena, el andalucista Cándido Trabalón, ha sido declarado inocente de los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, de los que estaba acusado junto a sus ediles y los de la oposición, PSOE y PP, está claro que el problema es lo que el alcalde de la capital, Luis Rogelio Rodríguez, ha denominado "diarrea legislativa" de la Junta de Andalucía.
Es decir, la administración autonómica cambian tanto sus propias normas y pretenden influir tanto en las de los demás, que al final genera un embrollo que no entienden ni ellos. Por ejemplo, mientras tiran una -sólo una- de las viviendas ilegales de Vera (alcalde andalucista en aquel mmento) y llevan al juzgado al alcalde de Sorbas, como llevaron al de Zurgena (por cierto, uno del PP y otro del PA) por permitir la construcción de unas cuantas casas que ellos consideraban “ilegales” se aprestaban a legislar para legalizar todas las “ilegales” que se cuentan a miles en la provincia (siendo la inmensa mayoría de ellas en municipios gobernados por el PSOE, lo cual seguramente es sólo una casualidad).
De una lectura atenta de la sentencia, si algo queda claro es que todo es confuso. Resulta que el suelo sobre el que se autorizaron las viviendas de Zurgena es cierto que no estaba declarado urbanizable, pero tampoco que fuera rústico, es más, el propio Luis Caparrós reconoció que siendo delegado de Ordenación del Territorio la Junta había promovido construcciones en situaciones iguales (ejemplo La Alfoquía). Y eso sucede por lo ya comentado, continuos cambios normativos que generan demasiadas lagunas a la interpretación técnica... vamos a dejarlo ahí, en técnica.
La diarrea legislativa de la Junta ha hecho modificar varias veces el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital, no ya por haber en él aspectos que no convencieran al Gobierno andaluz, si no por la obligación de adaptarlo a nuevas normas, la última hace una semana, con el fin de socavar la aprobada quince días antes por el Gobierno central. Y añadamos a eso la sopa de letras que son el POTA, el POTPA, POTLA... y vaya usted a saber qué más.
Otra cosa a analizar es la responsabilidad de los políticos. Si no hay cohecho, es decir, si el alcalde en cuestión no se ha lucrado directa ni indirectamente de dar una licencia que cuenta con el visto bueno de los técnicos municipales, es incomprensible que puede hablarse de prevaricación.
Dicho de otro modo, si el alcalde y concejales de Zurgena o de Sorbas reciben una petición de un promotor para construir, si los funcionarios de sus ayuntamientos dicen que es legal... si los alcaldes no la otorgan comenterían una prevaricación. ¿Pero qué ocurre si se prueba que los técnicos municipales informaron erróneamente -equivocación voluntaria o involuntaria, esa sería otra cuestión accesoria- y lo que ellos vieron legal resulta ser ilegal? ¿debe pagar penalmente el alcalde ese error? Insisto, no olvidemos que el alcalde está sujeto al informe del técnico.
Respecto a las responsabilidades políticas sería bueno llamar la atención al secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, quien tras conocerse la sentencia condenatoria contra el alcalde de Somontín anunció problemas judiciales en más municipios del Partido Popular. Ramón Rueda dimitió de diputado provincial y se ha quedado como alcalde de su pueblo, y para hacerlo ha dejado el PP. Obviamente es difícil saber qué decidirá en última instancia la Justicia, pero vista la absolución de Trabalón, la absolución en el Contencioso de José Fernández (Sorbas), el archivo del caso contra Eugenio Gonzálvez (senador y alcalde de Gádor)... pues habría que preguntarse si realmente es justo pedir la dimisión de un político cuando está imputado, indepedientemente de quién denuncie y de qué se denuncie. ¿No habría sido una forma torticera de darle la vuelta a la voluntad democrática de esos pueblos?
Miedo me da a que si alguien de la Junta de Andalucía lee este artículo se le ocurra poner en marcha una ley sobre el asunto, la cual será oportunamente modificada según quién, cuando y cómo.

4 D (de Decepcíón)

Sin pena ni gloria ha vuelto a pasar un año más el 4D, el que algunos denominan Día Nacional de Andalucía, y del que ya está queriendo apropiarse el PSOE, en gesto más de usurpación de la reciente -y no tan reciente- historia de nuestra tierra.
Conservo en mi memoria aquella manifestación de 1977 que inundó Granada igual que todas las capitales andaluzas. Tenía 10 años, pero mis vecinos eran militantes del Partido Socialista de Andalucía y fue en su casa donde por primera vez vi nuestra bandera, el retrato de Blas Infante... y fui con ellos -en realidad con sus hijos que eran mis amigos- a aquella convocatoria. 
Una marea verdiblanca recorrió toda Andalucía, que le dobló dos veces el pulso al Estado. Primero cuando quisieron dejarnos fuera de las nacionalidades históricas a la hora de "otorgarnos graciosamente" la autonomía... los andaluces logramos que se convocara un referendum, y ahí les dimos. La segunda vez que le doblamos el pulso fue cuando, a pesar de las condiciones indignas en que se convocó, se ganó en siete de las ocho provincias, y sólo en Almería no se consideró victoria el hecho de que el número de sies multiplicara por diez los noes... pero es cierto, sumando los noes a las abstenciones... eran más que los sies y como los votos afirmativos tenían que ser más de la mitad del censo electoral en cada una de las ocho circunscripciones... habíamos perdido... Y tuvieron que cambiar la ley porque era insensato desatender el grito del pueblo andaluz, el grito por ser dueños al fin de nuestro futuro.
Visto en perspectiva es triste, decepcionante. Leer un tuit de el madrileño parlamentario andaluz y exconsejero Manolo Recio alabando que el madrileño presidente del Gobierno andaluz Pepegriñán, habla del espíritu de aquel día... ¡pero qué sabrán ellos, joder! 
Aquel 4D se hizo con el PSOE en contra, con la UCD en contra, y por supuesto con la AP de entonces también en contra. Sólo un presidente como Rafael Escuredo -con sus luces y sus sombras, pero en aquel momento providencial hasta el extremo de ponerse en huelga de hambre por la autonomía- que antepuso los intereses de Andalucía a los del PSOE -lo que le valió el ostracismo durante décadas- y un ministro como Manuel Clavero Arévalo -de la UCD pero que dimitió como medida de presión en favor de los intereses andaluces- unidos al PSA y los distintos movimientos andalucista de la época, nos sacudieron cuarenta años de encima y ganamos ¡ganamos!
Treintantos años después nos sigue gobernando un partido político que estuvo contra nuestra autonomía hasta que acarició el poder que suponía, que también ridiculizó nuestra bandera hasta que vio que la podía agitar para que la siguiéramos como a un capote, que se mofó del Padre de la Patria Andaluza... pero ahora pide cuentas de todo ello a los demás. Es como si Andalucía hubiera comenzado a existir con ellos.
No, no era eso lo que se clamaba aquel 4D. Queríamos el respeto de España... y seguimos sin tenerlo, queríamos que volvieran los emigrantes... y acumulamos paro hasta el punto de que volvemos a emigrar, queríamos recuperar nuestra historia... y sólo vemos patrañas en los libros escolares, queríamos deshacernos del caciquismo... y los caciques siguen estando ahí, queríamos romper con el centralismo... y se lo llevaron de Madrid a Sevilla, queríamos ser dueños de nuestro futuro y hemos acabado dejándolo en manos de mercaderes del voto...
No, no era esto lo que queríamos. Han generado en nosotros tanta apatía que si el próximo 28 de febrero el Gobierno andaluz, que si el Parlamento Andaluz al completo, nos llamara a una gran manifestación, acudirían los de siempre. PSOE, más PP, más IU impulsaron y pidieron el respaldo para un Estatuto que no llevó a la urnas a más de un tercio de los andaluces. 
Que no, que no era esto. Fue hace treinta años pero señor Recio, señor Griñán, sé que no era eso porque yo sí estaba allí.

Diputación y presupuestos

No hace tanto tiempo que el vicepresidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, mostraba un informe del interventor en el que alertaba de que si se seguía poniendo dinero en convenios con la Junta de Andalucía en los que ésta no cumplía, se detraía de las obligaciones que legalmente tenía la institución provincial. 
Ese informe no apareció en el pleno en el que el PP aprobó con su mayoría absoluta los presupuestos para 2013. Nadie se acordó de él, y mira que era la clave de todo el debate. 
La oposición cayó en errores técnicos de bulto en cuanto al análisis general de las cuentas presentadas, y ahí el diputado popular Manuel Alías ofreció una rigurosa respuesta a la que sobró la duda sobre las capacidades intelectuales de quienes tenía enfrente. Pero desde el punto de vista político, se pudo comprobar lo lejos que estamos de esa idea repetida hasta la saciedad de que cada administración debe asumir sus propias responsabilidades, ejercer sus competencias y no meterse en las de los demás, para así ahorrar dinero y esfuerzos. 
Lo cierto es que el PSOE volvió a cuestionar la construcción de una nueva residencia asistida, o que se recorte el dinero destinado a cultura, o a empleo, o a servicios sociales... a lo que García respondió con el Estatuto de Andalucía en la mano “las competencias son de la Junta de Andalucía”. Y ahí es donde entra el famoso informe del interventor al que nadie atiende, porque a nadie obviamente interesa.
Si son competencias de la Junta de Andalucía, lo que debería hacer la Diputación es no asumirlas, ni directamente ni mediante convenios. Y habría que ver que diría la administración autonómica entonces.
Con esa premisa sobre la mesa, escuchar a los grupos discutir sobre los presupuestos provinciales resulta tedioso. No se puede pedir que la Diputación ponga dinero para un evento cultural en un municipio cuanto la Junta se escaquea, o que se le pida que plantee un plan de empleo cuando la Junta deja de pagar a sus promotores, o sencillamente que se debata si ha de construirse o no una nueva residencia cuando con el Estatuto de Andalucía en una mano y el informe del interventor en la otra, sería los presupuestos autonómicos quienes deberían sufragarla y decidir si la dejan donde está o la trasladan o la cierran.
Es como el debate sobre la subida de las tasas que pagan los ayuntamientos para que la Diputación les haga el servicio de recaudación. Amat ha decidido subir la comisión que cobra esta institución por la labor, y es que son los entes municipales quienes deben costear el precio total... y si les resulta caro, que lo hagan ellos, pero eso cuesta lo que cuesta. Tendrán que ver si es más eficaz asumir esa gestión de modo directo o que se lo haga la Diputación, o contratar a una empresa por su cuenta... eso es gobernar, tomar decisiones y enfrentarse a los riesgos.
Pero en el fondo estos debates son siempre más de lo mismo, desgraciadamente. Rajoy echaba en cara a Zapatero sus recortes como ahora el PSOE se los echa al PP en el Congreso, como el PP-A se los echa al PSOE-A y a IU en la Junta, como el PSOE e IU se los echa al PP en la Diputación... y es que, la realidad es la que es, que todos recortan porque no hay dinero, y que un recorte siempre es un recorte... unos recortan sueldos y aumentan horas de trabajo, otros recortan puestos de trabajo, unos hacen pagar por las recetas, otros dejan sin construir hospitales y cierran centros de salud... 
Pero sin duda lo peor es no pagar lo que se debe y se ha comprometido. Eso es lo que hemos visto que pasaba en la Diputación hasta hace un año y lo que no está pasando ahora. Ahí está la diferencia esencial.