Diputación y presupuestos

No hace tanto tiempo que el vicepresidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, mostraba un informe del interventor en el que alertaba de que si se seguía poniendo dinero en convenios con la Junta de Andalucía en los que ésta no cumplía, se detraía de las obligaciones que legalmente tenía la institución provincial. 

Ese informe no apareció en el pleno en el que el PP aprobó con su mayoría absoluta los presupuestos para 2013. Nadie se acordó de él, y mira que era la clave de todo el debate. 

La oposición cayó en errores técnicos de bulto en cuanto al análisis general de las cuentas presentadas, y ahí el diputado popular Manuel Alías ofreció una rigurosa respuesta a la que sobró la duda sobre las capacidades intelectuales de quienes tenía enfrente. Pero desde el punto de vista político, se pudo comprobar lo lejos que estamos de esa idea repetida hasta la saciedad de que cada administración debe asumir sus propias responsabilidades, ejercer sus competencias y no meterse en las de los demás, para así ahorrar dinero y esfuerzos. 

Lo cierto es que el PSOE volvió a cuestionar la construcción de una nueva residencia asistida, o que se recorte el dinero destinado a cultura, o a empleo, o a servicios sociales... a lo que García respondió con el Estatuto de Andalucía en la mano “las competencias son de la Junta de Andalucía”. Y ahí es donde entra el famoso informe del interventor al que nadie atiende, porque a nadie obviamente interesa.

Si son competencias de la Junta de Andalucía, lo que debería hacer la Diputación es no asumirlas, ni directamente ni mediante convenios. Y habría que ver que diría la administración autonómica entonces.

Con esa premisa sobre la mesa, escuchar a los grupos discutir sobre los presupuestos provinciales resulta tedioso. No se puede pedir que la Diputación ponga dinero para un evento cultural en un municipio cuanto la Junta se escaquea, o que se le pida que plantee un plan de empleo cuando la Junta deja de pagar a sus promotores, o sencillamente que se debata si ha de construirse o no una nueva residencia cuando con el Estatuto de Andalucía en una mano y el informe del interventor en la otra, sería los presupuestos autonómicos quienes deberían sufragarla y decidir si la dejan donde está o la trasladan o la cierran.

Es como el debate sobre la subida de las tasas que pagan los ayuntamientos para que la Diputación les haga el servicio de recaudación. Amat ha decidido subir la comisión que cobra esta institución por la labor, y es que son los entes municipales quienes deben costear el precio total... y si les resulta caro, que lo hagan ellos, pero eso cuesta lo que cuesta. Tendrán que ver si es más eficaz asumir esa gestión de modo directo o que se lo haga la Diputación, o contratar a una empresa por su cuenta... eso es gobernar, tomar decisiones y enfrentarse a los riesgos.

Pero en el fondo estos debates son siempre más de lo mismo, desgraciadamente. Rajoy echaba en cara a Zapatero sus recortes como ahora el PSOE se los echa al PP en el Congreso, como el PP-A se los echa al PSOE-A y a IU en la Junta, como el PSOE e IU se los echa al PP en la Diputación... y es que, la realidad es la que es, que todos recortan porque no hay dinero, y que un recorte siempre es un recorte... unos recortan sueldos y aumentan horas de trabajo, otros recortan puestos de trabajo, unos hacen pagar por las recetas, otros dejan sin construir hospitales y cierran centros de salud... 

Pero sin duda lo peor es no pagar lo que se debe y se ha comprometido. Eso es lo que hemos visto que pasaba en la Diputación hasta hace un año y lo que no está pasando ahora. Ahí está la diferencia esencial.