Expedientados

Al día siguiente de que en el Parlamento de Andalucía el PSOE negara -con el siempre servil respaldo de IU- a la oposición los expedientes de las subvenciones otorgadas por el Gobierno a la UGT, y que están siendo objeto de revisión para pedir -llegado el caso y como ya se ha hecho- la devolución de dineros públicos mal empleados, en la Diputación de Almería el equipo de Gobierno del PP le daba a la oposición los expedientes de todas las obras contratadas con la empresa Hispano Almería -que por otro lado ya estaban a su disposición antes- como respuesta a la solicitud de una comisión de investigación.

Recuerda esto a la bronca liada en el Congreso por toda la oposición -pero miremos a PSOE e IU- por que el PP impedía que Mariano Rajoy compareciera para hablar del caso Bárcenas, mientras que en Andalucía, PSOE e IU impedía que José Antonio Griñán tuviera una última comparecencia en la que explicara si su dimisión estaba relacionada con los ERE fraudulentos.

El hecho es que la oposición en la Diputación ha tenido a su disposición los expedientes de adjudicación de obras a la mercantil que según informaciones periodísticas habría financiado campañas electorales del PP y habría hecho generosos regalos a políticos y técnicos de algunos ayuntamientos... no todos populares por cierto.

Y es cierto que los han tenido a su disposición porque el único que parece haber mostrado interés en estudiarlos es el diputado de IU Juan Pablo Yakubiuk (hombre serio y trabajador como viene demostrando en todo este tiempo, al margen de que se pueda coincidir o no con sus planteamientos), porque es el único que dio datos sobre ellos en el pleno en el que apoyaba la comisión de investigación solicitada por el PSOE.

Yakubiuk refirió la cronología en la que asociaba quién gobernaba la Diputación con las obras adjudicadas a esta constructora y su importe. Nadie puede negar que el dato era llamativo, pero carente de rigor si no se hacen comparativas... y aún así, tampoco es prueba de ninguna ilegalidad, ni tan siquiera de ninguna irregularidad.

Si junto al número de obras adjudicadas a esa empresas en esos periodos (cuatro mandatos) no se nos dice cuantas se licitaron en total y se compara con lo recibido por otras mercantiles, pues no aclara mucho.

Es más, incluso en caso de que la balanza se volcara de un modo abrumador hacia una determinada constructora, habrá que poner sobre la mesa las claves que puedan determinar el trato de favor, y no sólo eso, también habrá que dejar en evidencia a cambio de qué se ha dado ese trato.

Obviamente una comisión de investigación no es un juzgado, y lo que en ella se buscan son responsabilidades políticas, no penales, pero aún así, hay que pedirla con cierto rigor, con cierta base argumental. No olvidemos un detalle fundamental, y es que quien elabora los pliegos de adjudicación son funcionarios, quien valora las ofertas presentadas también, y por tanto quien adjudica, también.

El vicepresidente de la Diputación, Javier A. García, se lo puso muy fácil en el pleno. Les dijo que ahí tenían los expedientes, que los revisen, y si encuentran algo, al juzgado.

¿Lo harán los diputados? ¿qué harán si descubren que en todos los casos la oferta de esa empresa era la mejor de las propuestas? ¿y si descubren que son más las obras a las que se presentaron sin salir elegidos que las que les adjudicaron? 

Es sorprendente la facilidad con la que los políticos nos exigen rigor a los periodistas mientras ellos exhiben una desfachatez impresionante. Es como lo que ocurre con los papeles de Bárcenas, que el PSOE e IU tienen fe ciega y absoluta en la veracidad de todo lo publicado por los medios... pero ojo, sobre las facturas falsas de UGT... sólo es una campaña de la prensa reaccionaria.

Como para abrirles un expediente a algunos, desde luego.