Tabaco y autonomías

Mientras respiro por fin aire limpio ante una taza de café en un bar que tiene de fondo la radio puesta, oigo que las llamadas de los oyentes se centran la prohibición del consumo de tabaco en lugares públicos, y en que las autonomías suponen un derroche impagable en estos tiempos de crisis.

Los dos asuntos tienen mucho que ver entre sí, porque la ley antitabaco ha demostrado que ni las Comunidades Autónomas son serias, ni el Gobierno central tampoco.

Al menos las nacionalidades históricas -Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco- tienen competencias plenas en materia de consumo y también en materia de salud, por lo que es incomprensible que ninguna de ellas haya levantado la voz ante una intromisión en sus asuntos.

Constitucionalmente, las leyes que dictan las Cortes Generales y las que dictan los parlamentos autonómicos son de igual rango, y la única diferencia es que cada cual legisla en sus competencias. 

Tan es así que podemos recordar que la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, se declaró "insumisa" ante la anterior ley y la modificó para su Comunidad. Lo mismo ocurre con Patxi López en Euskadi, que ha decidido una moratoria puesto que, al parecer, va a hacer una más restrictiva que la actual. Y otro detalle más en ese sentido es que la inefable ministra de Sanidad o lo que sea, Leire Pajín, ya ha dicho que los tratamientos para dejar de fumar deben pagarlos las CCAA... es su competencia, dice.

Así queda en evidencia que el Estado, no sólo invade competencias de las autonomías, es que además juega con sus recursos económicos, ya que su aplicación afecta a lo que los ingresos que éstas tienen que recibir por el tabaco, que es ni más ni menos que el 58% del impuesto que lleva aplicado. Y a eso añadan el posible descenso en los ingresos derivados de los impuestos sobre la bebida que deja de beberse en los bares, y los impuestos que se aplican a esos bares...

¿A qué se debe que el Gobierno andaluz no haya abierto la boca en este tema? Pues a varias cosas, la primera es la de siempre, su creencia interiorizada de que Andalucía es una región y por tanto sus instituciones son como una diputación pero a lo bruto, y no son autonómas (¿autonomía?) ni competentes (ahí le han dao, son incompetentes).

La otra cosa es que claro, como es impopular, pues no asumen sus responsabilidad... que lo haga Madrid... o Europa... mientras, ellos, a lo suyo.

El problema no son las autonomías y sus competencias. El problema es un Estado descentralizado que mantiene la estructura de un Estado centralizado: lo que sobran son ministerios, lo que sobran son delegados y subdelegados del Gobierno central, lo que sobran son diputaciones... lo que sobra es eso.