El portavoz del Partido de Almería en el Ayuntamiento de El Ejido, Miguel Ángel Barrientos, ha sido pillado en al menos tres irregularidades por el actual equipo de Gobierno del PP relativas a cuando era el responsable de los Servicios Sociales municipales con el alcalde Juan Enciso.
Es necesario recordar que Enciso está imputado en cinco delitos en la Operación Poniente, y que a pesar de pasar una buena temporada en prisión preventiva no dimitió, y que tras presentarse a las elecciones y obtener su partido sólo cuatro concejales y no tener posibilidad alguna de seguir como alcalde, no cogió su acta de concejal.
El PP, tras denunciar que la esposa de Barrientos estaba al frente de la residencia de mayores de titularidad municipal, y que ésta sólo compraba las medicinas en la farmacia de la esposa del también concejal del PAL José Añez desde que abrió hace algo menos de diez años, ha desvelado desde este mismo área se ha tramitado de modo como mínimo irregular, dos expedientes para beneficio del padre de Añez que tiene reconocida la situación de dependencia.
Ahora el PP le pide la dimisión a Barrientos, que es portavoz porque todos los electos anteriores a él renunciaron a coger su acta.
Si un concejal debe o no dimitir ante informaciones como estas es opinable. Lo que no debería ser motivo de opinión es que ambos, Barrientos como concejal y Añez como ex concejal, dieran explicaciones públicas para aclarar las acusaciones.
En términos generales tengo mis dudas sobre si es conveniente la dimisión obligatoria -por ley- de los políticos denunciados por informaciones periodísticas, ni tampoco cuando son denunciados ante el juzgado, o ante la Fiscalía, e incluso si deben dejar el cargo por una imputación.
Los alcaldes de Berja y Gádor fueron denunciados por distintas cosas, y en ninguno de los dos se ha visto la comisión de delito según la Justicia. Si hubieran dimitido se habría visto alterada la voluntad de los ciudadanos de que ellos fueran alcaldes.
En el caso del ex alcalde de El Ejido, Juan Enciso, se añade la permanencia en prisión provisional sin fianza durante bastante tiempo, e incluso luego la libertad con una abultada fianza. Ambas cuestiones más el tipo delictivo del que se le presupone autor marca importantes diferencias con los otros dos, pero es que hay otra hecho diferencial, y es que en el caso de Enciso quien denuncia es la Fiscalía y en los otros son partidos políticos.
Todos los partidos políticos han presentado en algún momento candidatos imputados, ya sea en Almería como fuera de ella, y todos han encontrado excusas para justificar que los suyos sí deben gozar de la presunción de inocencia que se le niega al adversario. Y esa presunción de inocencia debería contemplar también el ejercicio del cargo para el que fueron elegidos o para el que se proponen.
El sentido común suele ser el que nos alumbra sobre en qué casos el político debe dimitir y cuando debe hacerlo, y cuando es aceptable que pese a una denuncia o imputación sigua en el cargo o se presente a elecciones.
Pero lo que de ninguna manera es aceptable es que como resulta ser este caso, ni Barrientos y Añez den explicaciones públicas sobre estas acusaciones. Quienes votaron PAL merecen un respeto, y hasta el momento sus dirigentes han tenido un comportamiento inaceptable; primero no tomando posesión de sus actas de concejales sencillamente porque tienen que estar en la oposición, y segundo porque cuando se conocen hechos como los denunciados -y que les afectan a ellos mismos como ciudadanos- ni tan siquiera les explican nada.
Defender un partido político en el que ya no creen ni sus fundadores es de aurora boreal, pero encima no pedir explicaciones por hechos como estos es sencillamente de... pues eso.
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