Con el pleno sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Almería ha pasado como suele ocurrir con los plenos sobre presupuestos, y es que se pasan o no llegan.
O se pasan entrando en tecnicismo que alejan el tema del interés ciudadano, o entran en detalles que impiden reconocer el calado real del asunto. Aunque también cabe la posibilidad de que en documentos tan sesudos, la oposición no haya hecho los deberes estudiándoselos a fondo para preparar una réplica consistente, o sencillamente -que también puede ser- no tenga toda la información necesaria para poder rebatir a quien gobierna.
Y eso es más o menos lo que pasó en el debate del PGOU, en el que la oposición pasó por encima en el diseño general de ciudad y se fijó únicamente dos o tres cuestiones, que a pesar de ser importantes, no dejan de ser un mero detalle en algo tan ambicioso. Al final, claro, tuvieron cumplida respuesta.
Mantiéndonos al margen del asunto, es decir, de si el PGOU presentado por el concejal Pablo Venzal y que ha costado 2,5 millones de euros elaborarlo, es bueno, malo o regular para la ciudad, entremos cómo se desarrolló el debate. Y ahí, o la oposición no había hecho los deberes o no tenía toda la información (aunque no se quejaron de que se les negara, o sea, que si carecían de ella fue por no solicitarla).
Una queja fue la de la falta de participación... y cuando Venzal dio un repaso por el montón de colectivos a quienes se les ha hecho llegar, con quienes ha habido reuniones, cuantas alegaciones se han recibido incluso de particulares... pues entonces resulta que eso no es dar participación. Hasta el alcalde, Luis Rogelio Rodríguez tuvo que intervenir para decir que a su madre el PGOU le traía sin cuidado, y que en ese sentido había participado todo aquel que había querido y que la participación no podía ser obligatoria.
Queja sobre La Molineta. Pues resulta que como parque periurbano crece en hectáreas, y se atienden todas las exigencias expuestas desde la Junta de Andalucía. Bueno, pues el problema entonces es que "pierde identidad".
Queja de que el edificio de Correos no sea convertido en biblioteca pública, y falta de equipamientos culturales. La respuesta fue que no se puede obligar a un ente a hacer un convenio urbanístico cuando lo que anda buscando son euros, y que en un espacio de doscientos metros la ciudad va a contar con varios museos y una biblioteca que será costeada con los beneficios del convenio que permitirá a Correos vender su inmueble. Entonces el problema es que en ese sitio se van a hacer viviendas y eso, al parecer, es malo.
Y cómo no, El Corte Inglés. El PGOU permitirá su ubicación donde está La Salle, pero eso es malo, malísimo. Habrá problemas de aparcamiento, falta de plazas escolares... el caos, como en todas las ciudades donde está este establecimiento.
La duda que se plantea al final del debate -insisto que sin entrar a valorar el PGOU en sí- es qué va a ocurrir a partir de ahora. El documento aprobado en el Ayuntamiento por la mayoría absoluta del PP está -según Venzal- muy consensuado con los técnicos de la Junta de Andalucía, pero resulta que la administración autonómica está gobernada por los mismos dos partidos que aquí han dicho no, y que además la consejería decisiva está en manos de Izquierda Unida.
De entrada, si la Junta dice sí, quedan desautorizados los grupos municipales de la oposición, pero si la Junta dice no, los informes técnicos que obran en el expediente y que han sido consensuados con los funcionarios autonómicas dejarían en evidencia que la negativa tiene un objetivo únicamente de bloqueo político a un ayuntamiento gobernado por el PP.
¿Cual de las dos cosas pasará?
Y eso es más o menos lo que pasó en el debate del PGOU, en el que la oposición pasó por encima en el diseño general de ciudad y se fijó únicamente dos o tres cuestiones, que a pesar de ser importantes, no dejan de ser un mero detalle en algo tan ambicioso. Al final, claro, tuvieron cumplida respuesta.
Mantiéndonos al margen del asunto, es decir, de si el PGOU presentado por el concejal Pablo Venzal y que ha costado 2,5 millones de euros elaborarlo, es bueno, malo o regular para la ciudad, entremos cómo se desarrolló el debate. Y ahí, o la oposición no había hecho los deberes o no tenía toda la información (aunque no se quejaron de que se les negara, o sea, que si carecían de ella fue por no solicitarla).
Una queja fue la de la falta de participación... y cuando Venzal dio un repaso por el montón de colectivos a quienes se les ha hecho llegar, con quienes ha habido reuniones, cuantas alegaciones se han recibido incluso de particulares... pues entonces resulta que eso no es dar participación. Hasta el alcalde, Luis Rogelio Rodríguez tuvo que intervenir para decir que a su madre el PGOU le traía sin cuidado, y que en ese sentido había participado todo aquel que había querido y que la participación no podía ser obligatoria.
Queja sobre La Molineta. Pues resulta que como parque periurbano crece en hectáreas, y se atienden todas las exigencias expuestas desde la Junta de Andalucía. Bueno, pues el problema entonces es que "pierde identidad".
Queja de que el edificio de Correos no sea convertido en biblioteca pública, y falta de equipamientos culturales. La respuesta fue que no se puede obligar a un ente a hacer un convenio urbanístico cuando lo que anda buscando son euros, y que en un espacio de doscientos metros la ciudad va a contar con varios museos y una biblioteca que será costeada con los beneficios del convenio que permitirá a Correos vender su inmueble. Entonces el problema es que en ese sitio se van a hacer viviendas y eso, al parecer, es malo.
Y cómo no, El Corte Inglés. El PGOU permitirá su ubicación donde está La Salle, pero eso es malo, malísimo. Habrá problemas de aparcamiento, falta de plazas escolares... el caos, como en todas las ciudades donde está este establecimiento.
La duda que se plantea al final del debate -insisto que sin entrar a valorar el PGOU en sí- es qué va a ocurrir a partir de ahora. El documento aprobado en el Ayuntamiento por la mayoría absoluta del PP está -según Venzal- muy consensuado con los técnicos de la Junta de Andalucía, pero resulta que la administración autonómica está gobernada por los mismos dos partidos que aquí han dicho no, y que además la consejería decisiva está en manos de Izquierda Unida.
De entrada, si la Junta dice sí, quedan desautorizados los grupos municipales de la oposición, pero si la Junta dice no, los informes técnicos que obran en el expediente y que han sido consensuados con los funcionarios autonómicas dejarían en evidencia que la negativa tiene un objetivo únicamente de bloqueo político a un ayuntamiento gobernado por el PP.
¿Cual de las dos cosas pasará?
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