Mesón Gitano

De las dos denuncias que existen sobre la adjudicación de la rehabilitación del Mesón Gitano y su entorno con cargo al Plan Urban, o lo que es lo mismo, con dinero de la Unión Europea, la menos comprensible es la de UPyD, ya que la del Colegio de Arquitectos tiene algo de sentido.
Los arquitectos cuestionan el procedimiento escogido, es decir, que se adjudique de modo conjunto el proyecto (el diseño, la idea) y la obra (los ladrillos) ya que eso impide que estos profesionales, solos o en grupo, puedan acceder a concursar, ya que por esta condición son empresas las que tienen esa posibilidad.
Los técnicos municipales y las instancias posteriores en las que se ha visto este asunto antes de llegar al juzgado de lo Contencioso, han dado la razón al Ayuntamiento, pero aún así es comprensible que defiendan hasta el final una postura que busca principalmente una opción de trabajo, poder optar a esa adjudicación.
Menos comprensible es la denuncia de los magentas, que para empezar, vienen atribuyéndose el descubrimiento de que se habían presentado dos proyectos iguales, como son los propios técnicos municipales quienes se dan cuenta y hasta emiten un informe muy detallado en ese sentido. Tan detallado que hasta apuntan que se usa el mismo tipo de letra en ambos, que los párrafos son idénticos y demás.
La primera pregunta que cualquiera se puede hacer es qué tiene que ver el Ayuntamiento -políticos y/o técnicos- con lo que les presentan, ya que será responsabilidad de quien lo hace. Aún así, eso es informado y revisado por instancias ajenas a la institución municipal, que dan el visto bueno a que siga el procedimiento tal cual a pesar de esa circunstancia extraña.
Pero es que en su denuncia ante la Fiscalía, este grupo afirma que es gracias a que tiene la mejor puntuación técnica como logra el contrato, ya que es de las más caras su oferta. Pues sí y no.
Es la que tiene la puntuación más alta en los cinco aspectos valorados, son cinco funcionarios quienes informan cada uno de los ámbitos del proyecto, y todos le dan la mejor puntuación... tanto a la ganadora como a la no ganadora que competía con el mismo proyecto (de hecho, los funcionarios en su informe ya advertían que puntuarían igual los dos informes por ser idénticos).
Pero, no, la ganadora no es la propuesta más cara ni mucho menos. Basta echar un vistazo al acta de la mesa de licitación para comprobar que no es así, que de las once empresas que competían ésta se encontraba en la media. Había unas cuantas más caras y otras tantas más baratas, había algunas con una baja temeraria y otras con bajas menores, mientras que la finalmente adjudicataria hacía una baja sobre el precio inicial muy próxima a la media.
Parece lógico entender que la empresa que ha presentado el mejor proyecto con diferencia, si además tiene un precio dentro de la media (rebaja del 25% sobre el de licitación), si además de las dos que han presentado el mismo proyecto es la más barata, sea la que se haga con el contrato.
La pregunta en este caso es si debía haberse adjudicado a otro proyecto un poco -sólo un poco- más barato pero -mucho- peor técnicamente.
Y ya lo último es atribuir a los funcionarios presunto tráfico de influencias... y no es que yo piense que los funcionarios son seres angelicales... no, como en cualquier profesión hay de todo... pero estamos hablando de corromper a cinco personas distintas... supongo que también a los políticos correspondientes... pero todo eso sin ir más allá de la mera sospecha... por lo que es comprensible la reacción airada de los sindicatos municipales. 
Pero incluso asumiendo esto último, falta por conocer la clave principal. Es decir, qué tiene que ver que haya dos proyectos iguales con el resultado final de la adjudicación (además de los parabienes externos ya expresados), y sobre todo, falta por saber si UPyD cuestiona la puntuación técnica (cosa que no hace ni el Colegio de Arquitectos, que algo del tema sabe) que según afirman es lo que posibilita que se lleve el contrato. Sólo dejando en evidencia que la puntuación técnica es injusta o irregular tendría sentido su denuncia, e insistimos, ni los arquitectos la ponen en duda.
Lo curioso es que la denuncia de UPyD es un ataque directo a los funcionarios, no a los políticos, ya que son ellos quienes informan sobre el mejor sistema, son ellos los que valoran , y son ellos quienes puntúan, y además es a ellos a quienes atribuye relaciones con la empresa adjudicataria.
Pero eso sí, acto seguido, no puede faltar el ataque al político de turno y la defensa cerrada de los funcionarios... pues no se entiende.

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