Si hay algo que siempre resulta polémico en los plenos municipales, son los convenios urbanísticos, y la prueba la tuvimos hace una semana en el Ayuntamiento de Almería, y este viernes en la Diputación. Y lo peor es que complejidad va mucho más allá de lo que los periodistas podemos entender, pero también mucho más allá de lo que los grupos de la oposición son capaces de llegar a ver. El urbanismo no sólo es complejo, es que ya se encargan siempre de hacérnoslo farragoso e inaccesible, por eso desconfío permanentemente.
Pero una cosa es desconfiar, y otra acusar sin demasiados argumentos, de que un convenio esconde un "pelotazo", esa figura de la economía hispana que tanto daño nos lleva produciendo los últimos cinco años.
Un convenio es una figura que se supone de uso "excepcional" en el planeamiento urbanístico de un municipio, y en el que el Ayuntamiento accede a cambiar determinadas calificaciones del suelo, a cambio de algo que le ofrece un promotor. Por simplificar mucho, sería algo así como "hazme un polideportivo y a cambio te permito más edificabilidad", que vendría a permitir a los ciudadanos contar con una instalación cuya construcción no les ha costado ni un euro, y sólo ha supuesto que el constructor en cuestión gane más, pero ese "más" se ha reinvertido en beneficio público.
Ahora bien, cuando Izquierda Unida denuncia que detrás del convenio entre el Ayuntamiento de Almería y la Diputación que va a posibilitar la construcción de una nueva residencia asistida hay un "pelotazo", y que se quiere beneficiar a un promotor con nombres y apellidos, lo primero que ha de hacer es explicar el "pelotazo" y lo segundo dar el nombre y los apellidos del beneficiario.
Pero tras escuchar atentamente a los dos portavoces de IU, Rafael Esteban por el Ayuntamiento y Pablo Yakuviuk por la Diputación, la conclusión es que, lo mejorcito de ese suelo se va a poner en manos privadas, de ahí el "pelotazo". Eso sí, mantienen en nebulosa quién es el afortunado empresario que ellos ya saben que se va a beneficiar... y aprovecho para recordar otro convenio urbanístico, el del Ayuntamiento de la capital con Predios del Sureste (Miguel Rifá), por el cual éste construiría el cuartel de la Policía Local... pues sangre, sudor y lágrimas le ha costado acabar la obra porque su parte, la que ha de recibir la empresa, a día de hoy sólo es una promesa... y la policía ya está en las nuevas dependencias.
El enfoque ha de ser otro. La pregunta a responder es si los ciudadanos nos beneficiamos del convenio, si aporta un beneficio social que merezca firmarlo. Si la respuesta es sí, no acabo de comprender el problema que hay en que una empresa privada se beneficie también. Si todo está dentro de la ley, si se han seguido los procedimientos adecuados, no entiendo que se prefiera quedarse ciego con tal de que el otro se quede tuerto.
Otra cosa -y pienso que por ahí es por donde IU debería expresarse- es si es bueno o malo hacer la nueva residencia, si es el momento económico de hacerla, si socialmente es defendible o rechazable...
O tal vez, lo que debía hacer IU es coger el Estatuto de Autonomía de Andalucía, leer que las competencias en este tema es de la Junta de Andalucía, y pedirle al presidente de la Diputación que se deshaga de la residencia, que la ceda a la administración andaluza, y que el dinero que se destina a ese fin vaya a lo que sí son competencias de la institución provincial.
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