Desahuciada

Una cosa es predicar y otra distinta dar trigo, y eso en la Junta de Andalucía lo saben muy bien. Una cosa es predicar contra el malvado capitalismo y los banqueros que ponen a las familias en la calle cuando no pagan la hipoteca, y otra bien distinta es cuando el pago te lo tienen que hacer a ti, y resulta entonces plenamente justificable que les pongas en la puta calle.
Desde que comenzó el año, la Junta de Andalucía tiene en marcha alrededor de 200 embargos en sus distintas fases, mientras que la totalidad de éstos asciende a 900 en ese tiempo. Es decir, que alrededor de la quinta parte de los desahucios que tienen lugar en nuestra tierra tienen abajo la firma de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA).
Una cosa es que de tu casa te eche un banco y otra que te eche la Junta... dónde va a parar... no hay color!!!
La Consejería de la Vivienda de la Junta de Andalucía acaba de abrir en Almería una Oficina de Intermediación Hipotecaria, cuya existencia es como mínimo cuestionable. Dice que se ocupará de asesorar a quienes vayan a contratar un préstamo hipotecario, y que eso lo hará por medio de la Dirección General de Consumo, que era quien se venía ocupando de este asunto, y por tanto el que seguirá haciéndolo.
Además -y eso es lo más importante, desde luego- se encargará de mediar entre el "hipotecado" y el "hipotecador", en caso de que el primero no pueda hacer frente al pago de lo que adeuda al segundo.
Si tenemos en cuenta que el banco puede aceptar o no la intermediación, y que quien decide si acepta o no una propuesta de solución es el banco... ¿qué margen de maniobra tiene la Oficina?
Pero vayamos al caso concreto de esas decenas de decenas de familias que compraron una vivienda de EPSA-Junta y ahora EPSA-Junta les echa de las mismas porque no pagan ¿qué piensa hacer en estos casos la Oficina de la Junta?
Lo curioso, no crean, es que EPSA sea capaz de iniciar procedimientos de embargo y desahucio a tantas y tantas familias almerienses mientras ella no sólo no paga el IBI durante años, si no que se permite el lujo de ser una entidad "ilocalizable" para la Administración Tributaria, por lo que ni tan siquiera recoge los recibos. 

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