Dice la delegada del Gobierno en Almería, Sonia Ferrer, que "no toca" entrar en responsabilidades tras la catástrofe sufrida en el Levante por la gota fría el pasado viernes. Dice que "toca" responder a las necesidades más urgentes, y que ya habrá tiempo de buscar quienes son los "responsables".
Pues no. Toca ahora, también ahora, a la vez que se limpia el lodo de las calles, a la vez que se desembarran coches, a la vez que la gente tramita los papeles del seguro, a la vez que se llora a los muertos. Toca ahora.
El problema es que la responsabilidad es al cien por cien del Gobierno de la Junta de Andalucía más por omisión que por acción, o si se quiere, es su responsabilidad por inacción.
Es la Junta de Andalucía quien tiene las competencias en materia de ordenación del territorio, es el Gobierno andaluz quien da el visto bueno definitivo a los planes de ordenación urbana que determinan dónde se puede construir y dónde no, a qué se destina el suelo en cada zona, que edificabilidad se le da... es también su responsabilidad si hay que proteger un zona o si hay que dejar de protegerla.
Son los distintos gobiernos andaluces los que han ido permitiendo que se construya en zonas inundables, zonas que los propios informes encargados por esta administración calificaban de muy peligrosos. Han sido esos gobiernos los que han mirado para otro lado cuando los ayuntamientos han desarrollado urbanísticamente lugares inundables, y aun teniendo potestad para impedirlo no lo han hecho.
Pero es también responsabilidad de la Junta de Andalucía mantener los cauces de las ramblas limpios, para que en caso de avenidas el agua fluya sin problemas, pero están sucios, muy sucios, y además con excusas tan peregrinas como el estudio de la fauna y flora de los mismos.
Y es responsabilidad de la Junta de Andalucía la inmensa mayoría de las infraestructuras que se ha llevado por delante la riada, y que por tanto han sido construidas en lugares inadecuados y de manera inadecuada.
Dos ejemplos curiosos son los siguientes: la Junta permite el desarrollo urbanístico de Almerimar en zona inundable, incluso junto a lagos y lagunas en la que las urbanizaciones no están separadas de los mismos ni tres metros, pero por el contrario paraliza una construcción en lo alto de Roquetas de Mar porque estaba en la Sierra de Gádor (no recuerdo como acabó aquel tema, pero no viene al caso tampoco), es la misma administración que lleva a los tribunales a la familia Pryor y su casa acaba derribada por estar en suelo no urbanizable pese a tener licencia municipal, y que no mueve un dedo ante el crecimiento poblacional desmesurado de Pueblo Laguna.
La responsabilidad por la pérdida de vidas humanas y los daños materiales es muy elevada, pero hasta tanto no se exijan de un modo efectivo, corremos el riesgo de que estas cosas se reproduzcan, porque al final... nunca pasa nada.
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