Ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mario Jiménez, que el PP puede ser preso de sus palabras por pedir la dimisión de todos los responsables del PSOE que aparecen en las llamadas de la Operación Poniente. Jiménez ha recordado que pueden aparecer dirigentes del PP en otros sumarios, y que espera que entonces cumplan que lo que ahora exigen a los demás.
Resulta excesivo que la portavoz andaluza del PP, Rosario Soto, pida la fulminante destitución de los ocho o nueve cargos públicos del PSOE que aparecen de un modo u otro en las conversaciones intervenidas y cuyo secreto ha dejado de serlo. Excesivo porque lo primero es pedir explicaciones, y tras escucharlas actuar en consecuencia... más que nada porque efectivamente se les puede volver en contra.
No todos los socialistas que aparecen lo hacen del mismo modo. Así, no puede condenarse a alguien políticamente por lo que un tercero dice de él, cuando además ese tercero es tan poco de fiar como el ex senador del PP Gómez Angulo, auténtico correveidile de toda esta trama.
No es lo mismo escuchar a Diego Asensio (senador y secretario general del PSOE de Almería) hablando con Juan Enciso (alcalde de El Ejido y presidente del PAL, en prisión incondicional) sobre como "planificar el curso político", que escuchar a Gómez Angulo diciendo que Manuel Recio (nuevo delegado de Empleo) es su "hombre de confianza en Sevilla". No es lo mismo escuchar a José Alemán (ex interventor de El Ejido y en prisión incondicional) pedirle un favor a Juan Antonio Segura (parlamentario socialista y secretario de Relaciones Institucionales) y que este confirme que se lo ha hecho, que escuchar que el delegado de Hacienda Juan Cáceres es un tipo dispuestos a hacer favores...
Y desde luego, es muy fuerte que Asensio haya podido adelantarle a Alemán con cuatro meses de anticipación, el mes exacto en que sería detenido.
Todo esto exige primero una explicación aún inexistente. Y luego la exigencia de responsabilidades políticas.
Porque claro, pedir dimisiones a todos por igual supondría reclamárselas también a los del PP, cuya presencia en ellas es mínima y que carecen del relieve de las mantenidas con el PSOE. No olvidemos que el objetivo común de socialistas y PAL es acabar con los populares, y que quienes gobernaban la Diputación eran PSOE-PAL, y que quien hace oposición en Diputación y El Ejido es el PP... en definitiva, que no es comparable un contacto esporádico de una persona concreta, que una estrategia bien definida de colaboración constante y permanente "entre jefes con mando en plaza".
Pero hechas estas salvedades, que necesariamente implican explicaciones por parte de los protagonistas del PSOE, también es verdad lo que dice Mario Jiménez, porque hay dirigentes del PP que están en sumarios de otras operaciones anticorrupción y a los que por la misma regla de tres se les debería exigir la dimisión.
Es el caso de Javier Arenas o la alcaldesa de Valencia, a quienes se les supone receptores de regalos por parte de los imputados en la trama Güertel. Con las premisas de Soto, ambos deberían dimitir, ya que, al margen de si es cierto o no que recibieron presentes, están en el sumario.
Lo primero es pedir explicaciones a todos por igual, y luego exigir medidas en función de la relevancia de los hechos. Meter a todos en el mismo saco puede hacer que el saco pese demasiado, se rompa, y se escapen los que van dentro.
Pero no, pase lo que pase, no pasa nada. Ahí está Jaume Matas, que ha reconocido tener millonarias cantidades de dinero negro (por una herencia dice, pero negro al fin y al cabo) y sólo ha sido suspendido de militancia temporalmente a petición propia, cuando debía haber sido fulminantemente expulsado del PP. O ahí está Diego López Garrido, secretario de Estado imputado a quien nadie del PSOE le pide la dimisión.
O como el propio Diego Asensio, que en una entrevista en Interalmería TV se defendía recordando que el portavoz del PP en la Diputación, José Fernández, sí estaba imputado... reiterándolo varias veces, pero nadie le dijo en ese momento "pero hombre, si vosotros os habéis ido a Huércal Overa a realizar vuestro congreso extraordinario, y el alcalde está imputado en la Operación Costurero junto con todo su equipo de gobierno, o teneis a un alcalde que ha sido condenado tres veces en sentencia firme, y el Gobierno socialista le indultó del delito de electoral para que pudiera volver a presentarse a las elecciones..."
Presos de sus palabras, claro.
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