Políticas sociales fantasma

Cada martes, el vicepresidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, informa a los medios de comunicación a cuanto asciende la deuda de la Junta de Andalucía con esta institución sólo en políticas sociales. La cifra suele rondar siempre los 14 millones de euros.

Eso no impide que el secretario general del PSOE de Almería y parlamentario, José Luis Sánchez Teruel, saque pecho por las políticas sociales de la Junta de Andalucía. Así cualquiera.

El parlamentario lo tiene claro, la culpa es de ese engendro malvado que es Mariano Rajoy. El argumento que sostiene el socialista es que el Gobierno central no da a Andalucía el dinero que reclama al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), por lo que la Junta no puede pagar a la Diputación.

La pregunta entonces es por qué si el gobierno socialcomunista sabe que no va a contar con ese dinero, lo compromete firmando convenios con diputaciones y ayuntamientos.

Puede entenderse que, dentro de la perversión de la política a la que nos tienen acostumbrados, el objetivo sea poder esgrimir lo ya dicho por Sánchez Teruel, pero no, porque eso podrían sostenerlo de la misma manera sin generar ese problema a las administraciones locales. Fácilmente podría el Gobierno andaluz decirle a la Diputación de Almería que no puede seguir firmando convenios porque no tiene dinero ya que el Gobierno central no le paga.

¿Entonces por qué actúa así el Gobierno andaluz? 

La respuesta es enrevesada y está cargada de maldad. Las políticas sociales con competencia exclusiva de la administración autonómica, que para su mejor aplicación, llega a acuerdos con las administraciones locales, de tal modo que la primera transfiere a la segunda el dinero para que ésta las ejecute.

Ahí está la clave. El Gobierno andaluz firma convenios para que sean las administraciones locales quienes paguen los servicios, ya que si no los firma, es la Junta quien tiene la obligación legal de prestarlos, y no podría hacerlo al no tener dinero.

Pero no sólo eso, es que además, en ese afán por ponerse las medallas brillantes en materia social, sostiene el PSOE que el Gobierno central del PP está incumpliendo la Ley de Dependencia porque sólo pone el 28% cuando debería poner el 50%. También es otra retorcida manipulación.

Lo que ha hecho Rajoy es pegarle con tijeretazo a la Dependencia, y en eso todos -probablemente el PP lo niegue- estamos de acuerdo, pero el hecho es que a lo que la Ley obliga es a que ambas administraciones pongan lo mismo. Si la Junta de Andalucía decide poner su parte, y además completar hasta el total que se ponía antes, es su problema... y es que alguien podría responder que no, que lo que se está haciendo en Andalucía es cubrir el recorte del PP, y sí, podría ser verdad si se hicera, es decir, si realmente se cubriera ese recorte, pero lo cierto es que la Junta no paga, ni lo suyo, ni lo de los otros, no paga nada de nada.

Otro ejemplo lo tenemos con la violencia de género, que es un tema en el que la diputada por el PSOE Gracia Fernandez arremete contra el Gobierno central del PP, pero resulta que, como publicó Noticias de Almería, la Junta de Andalucía en la liquidación del presupuesto de 2012 resulta que no se gastó lo previsto en atención psicológica a las víctimas de violencia de género, y eso que sólo eran 15.000 euros para toda la Comunidad, y esa misma cantidad, es decir, nada, es lo que ejecutó del anotado para facilitar la inserción laboral de las mujeres en esta situación.

Si en ocasiones oímos eso de "trihte e de pedí, pero má trihte e de robá", pues si triste es que se mienta con prespuestos de inversiones, más triste es que se mienta en políticas sociales fantasma.