La última iniciativa presentada por el presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, para mejorar la asistencia económica a los municipios ha venido a sumarse a otras medidas adoptadas a lo largo de estos años y que sirven como ejemplo de que hay que aplicar más imaginación en la gestión de las instituciones en época de crisis.
Cuando en un pleno se planteó una subida de lo que la Diputación le cobra a los ayuntamientos por realizar el servicio de recaudación, la oposición en bloque puso el grito en el cielo. Lo que el equipo de gobierno indicaba que era una subida de un punto, del 3 al 4, la oposición lo interpretaba como un 25%... en cualquier caso lo que la oposición no quería asumir era el hecho de que el servicio de recaudación debe ser pagado a escote entre todos los municipios que lo reciben ya que lo presta una empresa externa, y que por tanto no puede ser deficitario.
Hay que recordar que a lo más que se llegó por parte de la oposición fue a pedir que la subida fuera escalonada, y no toda en este año.
El hecho es que al final, Amat dejó en suspenso lo aprobado en pleno mientras se buscaba una fórmula menos gravosa, pero que cumpliera con el objetivo de cubrir el gasto. Y bueno, al final, la mitad de los pueblos de la provincia no pagarán nada por algo que ya estaban pagando.
No es sólo eso, además la Diputación aumenta el porcentaje que puede adelantar a los ayuntamientos en función de la recaudación prevista, lo que les permite tener más disponibilidad económica en esta dura travesía.
Y por si fuera poco, aquellos consistorios que estén en una situación crítica podrán contar con una ampliación de ese adelanto, siempre de un modo muy excepcional. Ya dejó claro Amat que podría servir para pagar nóminas o facturas de suministros como la luz o el teléfono, pero no para una obra.
A eso hay que añadir el reparto de una cantidad lineal de dinero a los municipios más pequeños para invertir en lo que estimaran conveniente, y lo que es más importante, el tema de las bajas en las obras de los planes provinciales, que ha posibilitado que algunos ayuntamientos no tengan que poner prácticamente nada para hacerlas. Recordemos que estas obras son financiadas por ayuntamiento y Diputación, pero las adjudica esta última, y desde que Amat está de presidente, lo que se hace es que si la empresa adjudicataria lo hace por debajo del presupuesto inicial, ese recorte se aplica en la parte que tendría que poner el ayuntamiento, no en el total ni en la parte de la institución provincial.
Está por ver aún cómo reaccionará la oposición ante esta propuesta que saldrá adelante con la mayoría del PP, pero a la que de entrada no se le pueden encontrar pegas. Son pruebas de imaginación porque sin suponer un desembolso extra a la Diputación mejoran la financiación de los ayuntamientos.
Claro que, si como cada semana recuerda el vicepresidente Javier A. García, la Junta de Andalucía pagara los alrededor de 12 millones de euros que les debe sólo en materia social, esa imaginación sería todavía más efectiva.
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