En las conversaciones telefónicas interceptadas con motivo de la Operación Poniente hay un dato que no se ha explicado lo suficiente, y es la afición taurina de casi todos los intervinientes. Recordará el lector que los había que se citaban en los toros, o que se presumía de acompañante famoso.
Pero la conexión entre la Operación Poniente y la tauromaquia ha tenido lugar de un modo muy sigiloso esta misma semana en Madrid, y en concreto en el Congreso de los Diputados. Y los protagonistas han sido los políticos, que han demostrado que son incapaces de saber en qué consiste aquello que defienden, votan y aprueban.
El miércoles por la tarde, en la Comisión de Justicia del Congreso, tenía que ser una diputada de CiU quien pusiera en evidencia a la socialista Gracia Fernández, que pedía en una Proposición No de Ley (PNL) que el Congreso instara al Gobierno a dotar de más medios al juzgado de Instrucción 2 que lleva la Operación Poniente. La catalana se lo dijo muy claro cuando afirmó que según el Estatuto de Autonomía eso es competencia de la Junta de Andalucía.
Esto también se lo había dicho antes la almeriense del PP Carmen Navarro, y ahí le dio la razón la de CiU, que por el contrario rechazó que otra parte de la enmienda que esta propuso a Fernández, que era que el Congreso instara a la Junta de Andalucía. Es lógico, no es el Congreso quien tiene que instar a la Junta, si no los propios parlamentarios -en este caso socialistas- quienes deben hacerlo, que para eso ganan lo que ganan.
Hay que decir que la nacionalista catalana dejó en evidencia la política de confrontación a la que asistimos. O eso, o que estamos rodeados de ignorantes. O tal vez ambas cosas.
¿Por qué se lleva al Congreso temas competencia de la Junta de Andalucía? ¿es que no se leen el Estatuto que ellos hicieron y aprobaron?
Quienes tampoco se han leído la ley son quienes respaldaron al día siguiente en el Pleno del Congreso, la declaración de la tauromaquia como Bien de Interés Cultural (BIC). Y es que alguien como Tony Cantó, en nombre de UPyD, dejó una argumentación con la que se puede estar de acuerdo o no en el fondo, pero que es irrebatible en la forma.
Cantó leyó qué es un BIC, y un BIC tiene que ser algo material, físico, y la tauromaquia no lo es, por lo que propuso que se haga una ley que permita la protección del patrimonio inmaterial como ya tienen algunas comunidades y algunos países europeos. En su caso rechazó esta declaración de BIC también porque conlleva subvenciones y rechaza que se den, pero esa es otra cuestión, como el mero hecho de si una corrida de toros debe ser o no algo digno de ser protegido.
Al final ha salido aprobada la tramitación de la tauromaquia como BIC sencillamente porque la mayoría así lo ha decidido, a pesar de incumplir claramente con lo que exige la ley.
En un caso y otro, de la Operación Poniente y el de los toros, está claro que sus señorías no se leen lo que aprueban ni lo que rechazan, que cuando se busca la pelea (en el caso de los toros responde a la prohibición de Cataluña) todo vale, se retuercen las leyes o sencillamente se ignoran. Todo vale.
Y una cosa más. Sería bueno que alguien, alguna vez, recordara que vivimos en estado autonómico, en el que las comunidades tienen competencias exclusivas en algunas materias, y que por ejemplo, el Gobierno central subirá o bajará salarios de sus funcionarios, pero no de los de la Junta de Andalucía; o que las comunidades tienen competencias en salud, juego y consumo por lo que carece de interés lo que diga un ministro sobre Eurovegas y el tabaco. O el repago farmacéutico... son asuntos autonómicos, y tal vez si el Gobierno central lo discutiera con ellas evitaría rebeliones por un lado y quedar como el único malo de la película por otro.
No se puede hablar de una administración una competencia, y luego andar legislando como si se tuvieran todas.
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