Pero qué mal huelen

En pocos días hemos tenido asombrosas noticias de tres empresas que se mueven entre lo inmoral y lo ilegal.

Hemos observado cómo lo Cámara de Cuentas apunta claramente al delegado de Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Luis López, de cometer una serie de irregularidades en la contratación de la empresa Construcciones J. Lorenzo, sin que el aludido se de por tal, y sin que nadie le pida explicaciones de por qué hizo todo lo que este órgano de fiscalización dice que hizo y no debió hacer.

Nos hemos enterado de que este empresa está vinculada por vía de parentesco con el alcalde de Serón... que es del PSOE... y con una de sus ediles... también socialista... igual que el delegado... ¿qué curioso, no?

En estos días también hemos conocido que una empresa, Dizu, propiedad de un destacado socialista, Tomás Zurano, que tan destacado es que ha sido asesor para temas de urbanismo del PSOE designado por Martín Soler (dios le conserve la vista), ha recibido contratos de la Junta de Andalucía por valor de tres millones de euros desde que lo imputaron en el primer sumario en el que lo está, el de Huércal Overa, en el que también aparece el alcalde... socialista, Luis García Collado. Está imputado en otro sumario más, el de la Operación Costurero, pero eso tampoco le importó a la Junta para seguir adjudicándole obra pública, en la mayor parte de las ocasiones utilizando la vía de urgencia en vez de la normal.

La pregunta no es ya si pueden adjudicarle esas obras, que se supone que sí, si no lo curioso que resulta que haya logrado tan sustancioso contratos alguien que está pringado hasta la médula en dos sumarios, y si quizá no se buscará... no sé... que no le falta de ná cuando tenga que pagar una multa... o lo que tenga que pagar.

Es conocido que los hermanos Lirola, imputados en la Operación Poniente, acaban de recibir otra estupenda adjudicación por parte del Ayuntamiento de El Ejido, y no seré yo quien dude de la legalidad de esta decisión, pero es significativa.

Es significativo que los Lirola constituyeran una empresa destinada a hacerse con esa oferta que... mira por donde, les ha acabado tocando a ellos.

Y mientras todo esto pasa, mantendremos las orejas puestas en el Congreso, a ver qué responde el Gobierno sobre la sede de Acuamed en Almería. Según las llamadas intervenidas por la Policía Judical en el transcurso de la Operación Poniente, está bastante claro que el delegado de la misma en Almería, Juan José Luque (de infausto recuerdo para el medioambiente almeriense) y el ex interventor del Ayuntamiento de El Ejido, José Alemán, se pusieron de acuerdo para que esta sociedad pública se quedara en unas oficinas del segundo en vez de irse a unas más baratas como le habían ordenado.

Ninguno de estos caso supone en principio una ilegalidad, pero son ejemplo de como algunos pueden bordear la ley para su propio beneficio. Y no son pequeñeces. Son muchos, muchos euros. Y joder, huele fatal todo esto.