El 30% de lo que un Ayuntamiento como el de Almería capital gasta cada año corresponde competencias que son de otras administraciones, como Seguridad Ciudadana, educación o servicios sociales. El concejal de Hacienda del consistorio almeriense, Pablo Venzal, ha pedido que de una vez por todas se dote a los ayuntamientos de financiación suficiente para poder asumir sus propias competencias, y a la vez se les libere de prestar aquellas que no lo son.
En Almería esto se ha quedado en estas palabras de Venzal, y en alguna más del alcalde, Luis Rogelio Rodríguez, pero no podemos olvidar que en el Parlamento Andaluz se han encerrado alcaldes de Izquierda Unida para protestar por este mismo problema que afecta a todos. Hasta el punto de que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá ha llegado a proponer que los ayuntamientos no paguen al Estado lo que legalmente corresponde, mientras el propio Estado no de a los ayuntamientos lo que cuestan los servicios que dan al ciudadano sin ser de su estricta obligación. De modo similar se han pronunciado desde Extremadura.
Esto no es nuevo. Esto es la consecuencia de dos problemas muy distintos pero que han ido a converger en un momento crítico como el actual. El primero de los problemas es que los gobiernos autonómicos se han dedicado más a gastar en políticas electoralistas del tipo cheque-joven y subsidios varios, que en gestionar las competencias que tienen asignadas, que han acabo siendo prestadas por los ayuntamientos. El segundo problema es que más allá de los impuestos que pagamos los vecinos, los ayuntamientos se nutren de dinero proveniente de la construcción, y con el parón del ladrillo… las cuentas al final no cuadran.
Esto no ha hecho más que empezar, y seguiremos oyendo declaraciones como las del concejal de Almería o la alcaldesa de Valencia, o desde el mundo rural extremeño… y si algún alcalde no se queja… será por anteponer intereses del partido a intereses del pueblo.
En Almería esto se ha quedado en estas palabras de Venzal, y en alguna más del alcalde, Luis Rogelio Rodríguez, pero no podemos olvidar que en el Parlamento Andaluz se han encerrado alcaldes de Izquierda Unida para protestar por este mismo problema que afecta a todos. Hasta el punto de que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá ha llegado a proponer que los ayuntamientos no paguen al Estado lo que legalmente corresponde, mientras el propio Estado no de a los ayuntamientos lo que cuestan los servicios que dan al ciudadano sin ser de su estricta obligación. De modo similar se han pronunciado desde Extremadura.
Esto no es nuevo. Esto es la consecuencia de dos problemas muy distintos pero que han ido a converger en un momento crítico como el actual. El primero de los problemas es que los gobiernos autonómicos se han dedicado más a gastar en políticas electoralistas del tipo cheque-joven y subsidios varios, que en gestionar las competencias que tienen asignadas, que han acabo siendo prestadas por los ayuntamientos. El segundo problema es que más allá de los impuestos que pagamos los vecinos, los ayuntamientos se nutren de dinero proveniente de la construcción, y con el parón del ladrillo… las cuentas al final no cuadran.
Esto no ha hecho más que empezar, y seguiremos oyendo declaraciones como las del concejal de Almería o la alcaldesa de Valencia, o desde el mundo rural extremeño… y si algún alcalde no se queja… será por anteponer intereses del partido a intereses del pueblo.
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