Gran Hermano en Almería

El Ayuntamiento de Almería ha acabado cediendo ante la presión de los comerciantes y va a financiar finalmente el despliegue de cámaras de vigilancia por el centro de la capital, tal como solicitaban los comerciantes de Almería Centro, convencidos como están de que con ellas disminuirá la inseguridad ciudadana.
El coste de esta iniciativa es muy elevado, ya que supera los 250.000 euros, y supone la instalación de 23 cámaras, cuando en una ciudad mucho más grande como Málaga sólo se instalaron 17 en un primer momento, o en Melilla 8. Pero es que las Ramblas de Barcelona sólo se han puesto 16. Es por eso que habría que analizar muy bien su eficacia, ya que en el caso malagueño, un estudio posterior demuestra que la delincuencia lo único que hizo fue trasladarse de zona.
Lo que no parece lógico es que sean las arcas públicas las que costeen los sistemas de seguridad de empresas privadas, que es lo que al fin y al cabo son los comercios, y que se dedique un cuarto de millón de euros a dar protección especial a un área determinada mientras el resto de la ciudad sigue igual. En el caso malagueño, la financiación para el incremento de cámaras ha corrido a cargo del Ayuntamiento y se ha solicitado a la Junta de Andalucía que pague la mitad.
Si los comerciantes quieren vigilancia en sus comercios, lo lógico es que se la paguen ellos, en tanto que los ciudadanos, ellos y los demás, pagamos conjuntamente con nuestros impuestos la seguridad ciudadana común, la que nos afecta a todos. Es más, en algunos casos las cámaras se colocan precisamente en sitios donde habitualmente la policía no tiene una presencia tan constante como es el centro de la ciudad y ahí sí es plenamente justificable.
También hay informes que certifican la utilidad de estas cámaras para desenmascarar robos falsos que son denunciados a las compañías de seguros, como se ha visto también en Málaga.
No es esto una oposición radical a las cámaras de videovigilancia en las calles, lo es a que sean tantas como se ha anunciado, con un precio tan elevado, y sin garantías de que su instalación sea sinónimo de reducción de delincuencia ya que lo habitual es que se trasladen los delincuentes de un punto a otro, como pasó en la calle Montera de Madrid.
Es por eso que antes de poner el Ayuntamiento esos 250.000 euros, debía informar del contenido de los estudios que tenga hechos, si es que los tiene, porque obviamente el de los comerciantes no es válido ya que su objetivo es justificar su demanda únicamente. Por ejemplo, antes de poner una cámara están obligados a demostrar que no es posible un sistema de vigilancia menos invasivo. Se hace necesario conocer detalles de esos estudios, como por ejemplo como se gestionará, en qué se grabará, cuanto tiempo se guardarán las grabaciones, para qué se usarán y para qué no… estamos hablando de la libertad de todos y cada uno de nosotros para estar en la calle con quien queramos, donde queremos, y a la hora que queramos, sin sentirnos espiados.
También debería analizar el Gobierno municipal si el precio de las cámaras y su mantenimiento debían contar con el apoyo de aquellos comerciantes que se beneficiarán directamente de su implantación, ya que serán otros, los que no están en el centro, los que verán incrementado el número de delitos en sus tiendas.

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