Esta familia exigirá 600.000 euros al Ayuntamiento de Vera, no a la Junta de Andalucía que fue la encargada de tirarla abajo.
Este hecho demuestra varias cosas. La primera es la inseguridad jurídica de los ciudadanos que, ni podemos fiarnos de los notarios ni de los técnicos municipales, ni por supuesto de los políticos. Si cualquiera de estos hubiera cumplido adecudamente con su obligación, ni el suelo se habría vendido para construir, ni se habría dado la licencia de construcción, ni de primera ocupación... pero no ha sido así.
Demuestra también el embarullado sistema que tenemos, por el cual, tu ayuntamiento te da una licencia que va en contra de una normativa superior -lo cual como ciudadano desconoces- y construyes; luego van y te tiran la casa por ilegal. ¿Y el ayuntamiento que te dio la licencia no responde ante nadie? ¿no se trataría de una prevaricación que en este caso la Junta de Andalucía debería perseguir, para luego compensar a la víctima, que no es otro que el ciudadano?
Pero también demuestra algo terrible. Desde el derribo de esa casa... ¿cuantos más se han producido? ¿es que no hay nadie más en la misma situación? ¿o es que ya da igual porque se ha metido miedo en el cuerpo de los auténticos culpables de estas cosas, que no son otros que los políticos, los técnicos y los notarios?
Un último dato a tener en cuenta es la imagen reproducida en todos los medios de comunicación sensacionalistas de Europa, mostrando la inseguridad jurídica de quienes compran propiedades en Andalucía, de quienes invierten en nuestro país en vez de en el de origen. A eso añadamos los buitres del levante español, siempre intentando rapiñar a los turistas que prefieren nuestra costa a la suya... y es que desgraciadamente en el Levante están radicadas las mayores cadenas hoteleras y empresas inmobiliarias de todo el Estado, y cuando peor para nosotros... mejor para ellos.
Muchas gracias a todos.
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